En los inicios de Internet, el anonimato era un valor fundacional. Permitía la libertad de expresión, la exploración sin barreras, la participación sin jerarquías. Pero ese anonimato, hoy, se ha transformado en uno de los grandes desafíos de la era digital: también es el velo tras el que se esconden la suplantación de identidad, el fraude, la desinformación y el acoso. Además está dificultando la protección de los más vulnerables, como los menores, frente a riesgos como el acceso a contenidos inapropiados o las plataformas de juego sin control de edad. Nos enfrentamos, por tanto, a una paradoja esencial: ¿cómo garantizar la privacidad y la libertad sin renunciar a la responsabilidad?

El debate no es nuevo, pero nunca ha sido tan urgente aportar soluciones. En el mundo físico, el ejercicio de derechos y deberes parte de una premisa básica: la identidad. Nos identificamos para votar, firmar contratos o acceder a servicios públicos nominativos. En el entorno digital, sin embargo, la ausencia de un sistema que nos permita acreditar nuestra identidad real ha erosionado la confianza. No saber con certeza quién está al otro lado debilita los cimientos de cualquier interacción: desde una transacción bancaria hasta una consulta médica o una conversación en redes sociales.

“La privacidad no debe ser sinónimo de impunidad, ni la seguridad una excusa para la vigilancia masiva.”

La buena noticia es que hoy existen tecnologías capaces de revertir este escenario. Tecnologías que permiten verificar la identidad de forma privada,  segura y controlada por el usuario. Frente a modelos intrusivos o centralizados, se abren paso enfoques diseñados desde el principio con criterios de privacidad: datos de nuestros rasgos directos que no se almacenan ni se comparten, referencias irreversibles que se pueden renovar y sobre todo, identidades que no se pueden rastrear ni reutilizar entre sistemas. No se trata de identificar a todos en todo momento, sino de hacerlo cuando es necesario y siempre con garantías.

Este enfoque encaja plenamente con el marco europeo. El RGPD, el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) y eIDAS 2.0 apuntan todos en la misma dirección: una identidad digital que no suponga una renuncia a la privacidad, sino su extensión al entorno digital. Que permita al ciudadano decidir cuándo, cómo, con quién y para qué comparte sus datos.

España ha dado pasos importantes en esta línea como los sistemas de video identificación. También con el Observatorio de Derechos Digitales y la Carta de Derechos Digitales que anticipa un modelo basado en la confianza, la inclusión y el control ciudadano. Tenemos tanto la responsabilidad como la oportunidad de liderar un estándar de acreditación de nuestra identidad digital ética y garantista, capaz de convertirse en referencia internacional frente a modelos opacos o basados en la vigilancia sin nuestro conocimiento.

Esto no implica eliminar el anonimato, sino reconocer sus distintos niveles. En  acciones  en las que no se pueden causar daños a otras personas, el anonimato o el seudonimato son legítimos y deseables. Pero cuando está en juego la protección de un derecho o la prevención de un delito, debe existir la posibilidad de verificar la identidad de forma clara, segura y respetuosa. 

El futuro de la identidad digital no se juega solo en el terreno tecnológico. Se juega en el modelo de sociedad que queremos construir: una sociedad donde la privacidad no sea sinónimo de impunidad, y donde la seguridad no implique vigilancia masiva. Una sociedad en la que podamos ser nosotros mismos también en Internet, con derechos, con garantías, y con responsabilidad.

Y esa sociedad empieza por reconocer que acreditar nuestra identidad real es un derecho. También en el mundo digital.

Esteban Morrás Andrés, Presidente y cofundador de Veridas, Miembro de la Fundación Hermes, miembro del Grupo de Regulación AUTELSI.