Vivimos en una era donde cada clic, cada correo, cada transacción y cada interacción deja una huella. Esa huella digital, lejos de ser un simple rastro de actividad, se ha convertido en una pieza clave para resolver conflictos, tomar decisiones empresariales y garantizar el cumplimiento normativo. A esa huella la llamamos prueba digital, y su gestión, desde la generación hasta la presentación ante un juez, plantea desafíos complejos que van mucho más allá de lo tecnológico. No es una exageración decir que nos encontramos ante uno de los grandes desafíos del ecosistema digital. Y como toda transformación profunda, nos obliga a revisar nuestros enfoques, nuestros procesos y, sobre todo, nuestras garantías.

La prueba digital no nace sola, sino que hay que construirla con garantías, y es que el simple hecho de contar con una prueba digital no la convierte en válida ni en útil. La clave está en cómo se genera, quién interviene, en qué condiciones y, sobre todo, cómo se conserva.

Un caso especialmente ilustrativo ha sido el de Renfe, donde se ha puesto sobre la mesa la importancia de fijar el momento exacto de generación de una prueba para decidir si se conserva o se descarta. Esta decisión no es menor: implica procesos, costes, responsabilidades y, lo más importante, tiene implicaciones jurídicas.

Por otro lado, cabe destacar la fuerza que tiene el papel de los servicios de confianza, que son aquellos que aportan fe pública o certificación, como elemento clave para dotar de validez a una prueba digital. Ya no se trata solo de tener logs o correos electrónicos, sino de que el procedimiento de recogida esté bien documentado, que haya trazabilidad, y que podamos acreditar quién hizo qué, cuándo y cómo.

Y aquí surge una reflexión que comparto plenamente: los jueces no solo valoran el contenido de la prueba, sino también cómo fue obtenida y por quién. La metodología, la cadena de custodia, la participación de terceros de confianza, entre otros factores, genera un conglomerado de información en el que todo suma para generar seguridad jurídica.

Una de las soluciones que más interés despierta es el uso de blockchain as a service como soporte de la prueba digital. Y aquí hay que ser claros: blockchain no es la prueba, pero puede ser el mecanismo que garantice su integridad y la completa trazabilidad de forma inalterable.

En entornos donde el volumen de datos es abrumador y las posibilidades de manipulación son llamativas, contar con un sistema que registre cada movimiento y que no pueda alterarse a posteriori resultaría ser un auténtico salvavidas. Blockchain as a service y redes como ISBE, que son empleadas por empresas en otros continentes y que aún no ha aterrizado en Europa, ofrecen una vía interesante siempre que sepamos aplicarlas con criterio y con la supervisión adecuada.

Otro punto fuerte a tener en consideración lo constituye el cómo la administración pública ha avanzado gracias a herramientas como el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Todo el proceso de contratación, por ejemplo, ya está respaldado por pruebas digitales, y esto es un logro. Pero no resulta suficiente, pues la colaboración con el sector privado es todavía débil, y sin ella será imposible escalar estas buenas prácticas al conjunto del tejido empresarial. Hace falta una visión común, una gobernanza clara y, sobre todo, equipos capaces de hablar el lenguaje del derecho, de la tecnología y de la organización.

La prueba digital debe dejar de verse como un apéndice técnico o como un “mal necesario” para cumplir con las normas. Estamos ante un activo de valor estratégico, de hecho, tal y como señala Pedro de Pablo López Bernal: “Las evidencias digitales son un valioso activo en la organización”. Bien gestionado, protege a la organización, reduce riesgos y fortalece la confianza interna y externa. Pero esto requiere un cambio de mentalidad, lo que se traduce en invertir en formación, en herramientas robustas y en procesos homogéneos. Significa también dejar de improvisar y empezar a planificar.

Así las cosas, transformación digital no nos está pidiendo permiso, sino que ya está aquí. Y con ella, la necesidad de repensar cómo generamos, conservamos y presentamos las pruebas digitales. No se trata solo de cumplir con la ley, ni tampoco una mera cuestión de control de contingencias. Establecer los mecanismos adecuados en torno a la prueba digital construye entornos seguros, eficientes y confiables, convirtiendo cada acción digital en una ventaja estratégica y cada decisión en una oportunidad para proteger el futuro de tu empresa. La pregunta ya no es si actuar, sino qué estás esperando para hacerlo.

Por último, no quisiera desaprovechar la ocasión para traer a colación lo que ocurrió el pasado 3 de abril en el que tuve el honor de participar como ponente en el Seminario sobre la Prueba en la Era digital: Reto y Oportunidad en el International Lab del Ayuntamiento de Madrid, organizado por AUTELSI y patrocinado por UBT Legal & Compliance. Fue una jornada intensa y enriquecedora, donde profesionales del ámbito público y privado reflexionamos sobre un tema que, aunque pueda parecer estrictamente técnico, toca de lleno los cimientos jurídicos, organizativos y estratégicos de cualquier entidad moderna: la prueba digital.

En definitiva, si este tema te ha resultado de interés y deseas profundizar más, te invito a visitar la web de AUTELSI, donde encontrarás más recursos, eventos y publicaciones especializadas.

Oscar López, Presidente del Observatorio AUTELSI de Privacidad y Derechos Digitales  y presidente del Grupo de Regulación de AUTELSI y CEO UBT Legal & Compliance