La digitalización ha reconfigurado todos los aspectos de nuestra vida, y el ámbito jurídico no es la excepción. Hoy, las organizaciones, tanto del sector público como privado, interactúan de maneras que antes eran inimaginables. La formalización de contratos, por ejemplo, ha dado un giro radical gracias a las herramientas digitales, alterando la forma en que las organizaciones interactúan con sus clientes. De igual manera, las licitaciones públicas han adquirido una nueva dimensión en este contexto, puesto que se utilizan plataformas de licitación en línea, que permiten desde conocer la identidad del autor de cada acción hasta la presentación de documentación que servirá de base para la adjudicación de un contrato. Sin embargo, esta revolución no se presenta libre de desafíos, especialmente en lo que respecta a un elemento fundamental: la prueba digital.

De una parte, la relativa facilidad con la que las pruebas digitales pueden ser alteradas o falsificadas, a diferencia de las pruebas físicas, exige una verificación mucho más exhaustiva para garantizar su autenticidad e integridad. Pese a que existen herramientas forenses digitales que pueden ayudar en este proceso, su accesibilidad y uso generalizado aún son limitados. Además, la inalterabilidad es un principio que no se puede pasar por alto. Desde su creación hasta su presentación en juicio, la prueba digital debe permanecer intacta. Cualquier modificación, por mínima que sea, puede cuestionar su validez y, en consecuencia, afectar el resultado de cualquier proceso, incluso judicial.

En efecto, la adecuada preservación de estas evidencias va más allá de un simple cumplimiento normativo; se convierte en un activo crítico para la imagen de cualquier organización. Así pues, la pérdida total o parcial de estas evidencias podría suponer un grave impacto para la responsabilidad social corporativa o el desenvolvimiento en procesos judiciales.

Desde otra perspectiva, la manera en que se recopile y presente la prueba digital debe asegurar el respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados. Aunque la legislación procesal establece una serie de pautas generales para la presentación de pruebas digitales, se trata de un campo en constante evolución que requiere la adaptación y desarrollo de requisitos específicos para cada caso.

La problemática de la prueba digital en España es compleja y multifacética y, desde el Grupo de Regulación de AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), se ha visto la necesidad de tratar esta cuestión. Su próximo documento, “La protección jurídica en un entorno digital: la obtención, custodia y presentación de la prueba”, busca ofrecer soluciones abordando casos de uso prácticos desde la perspectiva del sector público y privado en áreas como Recursos Humanos o la concesión de Subvenciones, donde la prueba digital juega un papel esencial.

La era digital nos exige adaptarnos, es imperativo que avancemos hacia un régimen jurídico que no solo refleje las realidades de nuestro tiempo, sino que también garantice la protección de los derechos de todos los ciudadanos

En resumen, la era digital nos exige adaptarnos. Es imperativo que avancemos hacia un régimen jurídico que no solo refleje las realidades de nuestro tiempo, sino que también garantice la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La prueba digital no es solo una herramienta; es un componente vital para asegurar la justicia en un mundo cada vez más digitalizado. Sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de que la evolución tecnológica socave los principios fundamentales que sustentan nuestro sistema legal.

¡La prueba digital es un hecho que debemos afrontar!

Oscar López, CEO UBT Legal & Compliance, Presidente del Observatorio Privacidad y Derechos Digitales de AUTELSI y Presidente del Grupo de Regulación de AUTELSI.