Con fecha 15 de enero de 2026 se ha publicado el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que modifica la Ley Orgánica 10/1982, que introduce cambios significativos que las empresas deben conocer para adaptar sus operaciones a la nueva realidad normativa.

La nueva normativa moderniza la protección de derechos fundamentales para responder a los retos de la era digital, con especial énfasis en las tecnologías de inteligencia artificial y la manipulación de contenidos (deepfakes), regulando por primera vez la creación, simulación o manipulación tecnológica de imagen y voz para dotarla de apariencia extremadamente realista, alineándose con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689.

Otra novedad importante es en materia de indemnizaciones al establecer los criterios para su determinación, incluyendo factores como la reincidencia, difusión, repercusiones sociales y prolongación en el tiempo de la intromisión.

En relación con la retirada de contenidos se regulan medidas cautelares ágiles para ordenar judicialmente la retirada inmediata de imágenes o voces manipuladas.

Sectores como tecnología y plataformas digitales, publicidad y marketing, medios de comunicación, entretenimiento y producción audiovisual, redes sociales, e-commerce, educación y formación son los grandes afectados por esta normativa que deberán revisar sus políticas en materia de compliance y gestión de riesgos reputacionales y entre otras medidas,

  1. Auditar prácticas actuales de uso de imagen, voz y datos personales en todas las actividades comerciales y comunicativas.
  2.  Actualizar contratos y consentimientos, asegurando que sean específicos, por escrito y delimitados en su alcance.
  3.  Implementar protocolos sobre IA, incluyendo políticas claras sobre contenido generado o manipulado tecnológicamente, con sistemas de verificación y etiquetado.
  4.  Formar al personal en los nuevos requisitos legales, especialmente en departamentos de marketing, comunicación, recursos humanos y legal.
  5.  Establecer procedimientos de respuesta rápida ante requerimientos judiciales de retirada de contenido y detección de deepfakes.
  6.  Revisar coberturas de seguros de responsabilidad civil ante el incremento potencial de indemnizaciones.
  7.  Reforzar compliance en menores si la actividad empresarial implica trabajar con este colectivo.
  8.  Desarrollar sistemas de monitorización de reputación para detectar contenido manipulado que afecte a la empresa o sus representantes.

El Anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública que finaliza el 30 de enero de 2026

Maria Suárez Pliego,Socia del área de privacidad, Propiedad Intelectual y negocio digital en Andersen y miembro del Grupo de IA de AUTELSI.