La transformación digital está generando nuevas oportunidades laborales, pero también obliga a revisar los marcos normativos que rigen la inclusión. En este contexto, la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que inicia su tramitación parlamentaria en septiembre de 2025, representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad.

Esta reforma, recogida en la Ley 2/2025, introduce cambios relevantes en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social, con implicaciones directas para las empresas. Su objetivo es garantizar la continuidad laboral, la igualdad de trato y la adaptación razonable de los puestos de trabajo.

Más allá de su alcance jurídico, representa una oportunidad para reorientar la transformación digital hacia un modelo inclusivo, donde la innovación tecnológica avance junto a la accesibilidad y la diversidad. Si se alcanza el consenso necesario, la aprobación definitiva podría producirse en el primer trimestre de 2026.

Las claves de la reforma

El texto en debate plantea medidas de gran calado:

  • Accesibilidad universal obligatoria antes de 2030, aplicable a todos los entornos, productos y servicios. El Acta Europea de Accesibilidad, en vigor desde junio, exige que las empresas incorporen criterios de accesibilidad desde el diseño.
  • Educación inclusiva sin excepciones, garantizando apoyos desde el inicio. Las personas con discapacidad no acceden a estudios superiores, lo que limita sus oportunidades laborales.
  • Refuerzo del empleo protegido y ordinario, con el reto de ampliar la presencia de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, donde actualmente los contratos son minoritarios.
  • Perspectiva de género, edad y discapacidad, para visibilizar la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres con discapacidad.

Impacto en el sector tecnológico

La reforma no es solo una cuestión de derechos: puede convertirse en un catalizador de innovación para el ecosistema digital.

  • Diseño accesible: Empuja a las empresas a aplicar el diseño universal en interfaces, aplicaciones, plataformas y dispositivos. Las personas con discapacidad pueden contribuir activamente en este proceso, creando sistemas accesibles desde el origen.
  • Talento tecnológico diverso: el empleo ordinario abre la puerta a incorporar más profesionales con discapacidad en áreas como ciberseguridad, desarrollo de software, análisis de datos o inteligencia artificial. Hoy, la mayoría de contratos se concentran en el empleo protegido; el reto es ampliar su presencia en la empresa ordinaria. La diversidad funcional no es una barrera, sino una fuente de valor añadido.
  • Competitividad y cumplimiento normativo:  la Administración Pública tiene un papel clave en la creación de políticas activas de empleo. Además, puede influir en el sector empresarial incentivando mediante cláusulas sociales en su compra pública. Un ejemplo es la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, que ya ha incorporado criterios inclusivos en sus Acuerdos Marco.

Una oportunidad que no podemos desaprovechar

La transformación digital no será completa si deja atrás a parte de la sociedad. La reforma legislativa que se debatirá en septiembre ofrece un marco para construir un futuro en el que la innovación tecnológica y la justicia social avancen de la mano.

De aquí a 2030, el reto es claro: que la accesibilidad y la diversidad no sean excepciones, sino la norma.

Porque el verdadero progreso no se mide solo en el número de dispositivos conectados o en la velocidad de las redes, sino en la capacidad de que todas las personas participen, sin barreras, en un mercado laboral que es ya digital.

César López, director general de la fundación GoodJoob, miembro del Grupo de trabajo Mercado laboral y talento tecnológico de AUTELSI.