El pasado 17 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028. No es un hecho aislado. Andalucía, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia o Cataluña han impulsado sus propias estrategias, anticipándose al Proyecto de Ley estatal de Salud Digital, aún en fase de anteproyecto.

La futura norma deberá transponer el Reglamento EHDS (European Health Data Space), publicado en marzo de 2025 y aplicable desde marzo de 2027, que establece un marco común europeo para garantizar interoperabilidad, portabilidad y uso seguro de los datos sanitarios electrónicos.

Sin embargo, el debate no es solo normativo. El paradigma evoluciona desde la “historia clínica electrónica” institucional hacia una historia de salud digital longitudinal, centrada en la persona. Esto exige arquitecturas cloud híbridas, APIs abiertas, identidad digital robusta, consentimiento granular e interoperabilidad.

Un ciudadano empoderado necesita acceso efectivo y portable a su información clínica para participar en prevención y toma de decisiones compartida, además de poder incorporar datos de sensores y propios. Por otra parte, la disponibilidad estructurada del dato mejora la continuidad asistencial y genera eficiencias operativas.

Algunos países europeos han avanzado en esta dirección. Estonia dispone desde 2008 de una historia electrónica única interoperable a nivel nacional. Alemania ha desplegado el ePA tras una década de desarrollo normativo, estableciendo obligaciones de compartición bajo estándares comunes. Francia impulsó “Mon espace santé” y ha favorecido un ecosistema híbrido en el que actores como Doctolib amplían servicios hacia la gestión documental clínica.

España ha logrado avances relevantes, como la receta electrónica interoperable y las carpetas digitales de cada CCAA. Sin embargo, el ciudadano aún no dispone de acceso integral, estructurado y plenamente portable a su historia de salud ni puede autorizar el acceso digital de terceros mediante APIs estandarizadas.

Surgen iniciativas privadas que intentan cubrir ese vacío, como Dooctoor, que permite almacenar y estructurar informes médicos con apoyo de IA y sistemas de consentimiento trazable. No obstante, su integración directa con sistemas asistenciales sigue limitada.

Diversos actores reclaman avanzar hacia un modelo de “Openhealth”, análogo al Open Banking. La futura Ley de Salud Digital representa una oportunidad estratégica para definir derechos digitales sanitarios efectivos, fomentar la interoperabilidad basada en APIs abiertas y estandarizadas y habilitar un ecosistema de innovación seguro alineado con el EEDS.

El reto ya no es tecnológico, es estratégico, regulatorio y cultural. La verdadera transformación consistirá en pasar de sistemas digitalizados centrado en la institución a un modelo donde el ciudadano ejerza una soberanía real sobre sus datos, dentro de un marco seguro, interoperable y europeo.

 

Maria Lafuente, Founder & CEO Dooctoor Tech, miembro del Grupo de eSalud de AUTELSI