Roberto Sánchez Sánchez
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

¿Qué responsabilidades tiene su puesto?

En estos momentos estamos muy volcados en impulsar la transformación digital del país, que es uno de los ejes vertebradores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para extender la conectividad, desplegar la tecnología 5G de manera segura y convertir España en un polo de atracción de inversiones en el sector audiovisual.

Desde la Secretaría de Estado, nos ocupamos del despliegue de las infraestructuras y servicios para garantizar la conectividad de la ciudadanía y las empresas, promoviendo una España más cohesionada social y económicamente. También nos encargamos de desarrollar los servicios de comunicación audiovisual, un sector que ha cambiado radicalmente en la última década en buena medida por los avances en el ámbito de las telecomunicaciones.

Entre mis responsabilidades también se incluyen la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico, la numeración, el direccionamiento… Esta legislatura, hemos impulsado reformas legislativas importantes y necesarias como la actualización de la Ley General de Telecomunicaciones, que está a punto de culminar su tramitación parlamentaria, y la de la Ley de Comunicación Audiovisual, que ha sido remitida al Senado, y la aprobación de la nueva Ley de Ciberseguridad 5G, que ya está en vigor.

En relación a las TICs , ¿En qué situación se encuentra nuestro país?

Creo que estamos a la cabeza en la Unión Europea por nuestras infraestructuras físicas, la capacidad de investigación y formación y el dinámico tejido productivo español, entre otros factores. Entre nuestras principales fortalezas, destacaría la red, tanto por su extensión como por su calidad. La crisis sanitaria de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la calidad de las infraestructuras en nuestro país. En los momentos más duros en 2020, soportaron picos de hasta un 80% más del tráfico habitual sin incidencias.

Dentro de la UE, ocupamos la tercera posición en materia de conectividad, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), y en el ranking general, estamos en novena posición. Tenemos margen para seguir mejorando y estamos trabajando en ello.

Nuestro objetivo es que el 100% de la población tenga acceso a la banda ancha ultrarrápida antes del 1 de enero de 2026. La conectividad es clave para el desarrollo económico y social en la sociedad digital actual, como también lo son la asequibilidad y la formación en competencias digitales.

¿Qué retos y oportunidades tienen las empresas y organismos públicos con relación a la sociedad de la información?

El entorno actual es muy exigente porque estamos en un momento de profunda transformación tanto en el sector de las telecomunicaciones como en las demandas de la ciudadanía, que reclama servicios de calidad y seguros, accesible a todo el mundo y asequibles.

Las empresas y las administraciones públicas no pueden perder el tren de la sociedad digital para ser más eficientes, más competitivas y sobrevivir en esta era. Desde el Gobierno, estamos trabajando en esta dirección implementando los siete planes específicos de la Agenda Digital dirigidos a: conectividad; impulso a la tecnología 5G; pymes digitales; Administración Digital; competencias, Inteligencia Artificial y sector audiovisual.

El Plan de Recuperación y los fondos Next Generation EU son una oportunidad única para realizar las inversiones y reformas necesarias para llevar a cabo las transformaciones estructurales que España necesita; contempla más de 4.200 millones de euros para la modernización de las Administraciones públicas y 4.000 millones para la digitalización de las pymes.

El plan para digitalizar la Administración pública persigue que se preste un servicio eficiente a los ciudadanos en áreas clave como sanidad, empleo, inclusión, seguridad social y migraciones. También se está reforzando la ciberseguridad del sector público desde la perspectiva de la prevención, detección y respuesta a los incidentes.

Para la modernización de las pymes, se ha puesto en marcha el programa Kit Digital, dotado de un presupuesto de 3.000 millones de euros, para ayudar a los autónomos y las pequeñas empresas a utilizar diferentes servicios a través de un bono digital. Y, próximamente, lanzaremos las ayudas del programa UNICO bono pyme, destinadas a mejorar la conectividad de estas empresas y sus servicios de comunicaciones

¿Qué desafíos y respuestas aporta sobre el tema de la ciberseguridad?

Ya está en vigor Ley de Ciberseguridad 5G, que aprobamos recientemente antes el incremento de los riesgos de seguridad y cibertataques por las tensiones geopolíticas. Esta norma incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la tool box consensuada entre los socios de la UE, que identifica los activos más sensibles, las amenazas y vulnerabilidades y los riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.

Tenemos que establecer un marco seguro, que genere confianza entre los usuarios y los operadores de telecomunicaciones para incentivar el despliegue y la inversión necesaria de la tecnología 5G.

En el marco del Plan de Recuperación, estamos adoptando medidas para reforzar la ciberseguridad y aprovechando las capacidades actuales para impulsar el ecosistema empresarial en torno a esta materia. Para ello, contamos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), cuyas capacidades siguen creciendo, y estamos trabajando en la construcción del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Secretaría General de Administración Digital.

¿Qué prioridad tiene en la adjudicación de los Fondos europeos?

Los fondos europeos son una oportunidad de país para llevar a cabo las reformas estructurales que España necesita. Y eso pasa también por reforzar infraestructuras esenciales en la sociedad digital como la ciberserseguridad.

Es una de nuestras prioridades en el ámbito de los ciudadanos, las empresas y las Administraciones públicas para contribuir a la seguridad, autonomía estratégica y resiliencia de la UE.

La ciberseguridad forma parte de uno de los componentes del Plan de Recuperación, junto con la conectividad digital y el despliegue del 5G, con el objetivo de desarrollar y fortalecer esa industria. Nuestro objetivo es reforzar las infraestructuras y capacidades en materia de ciberseguridad en el ámbito público y privado. El presupuesto asignado de los fondos europeos a estas tres acciones asciende a 3.999 millones de euros.

¿Qué estrategia tiene para reforzar la colaboración público – privada?

Para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en el ámbito de la digitalización de España, la colaboración público-privada es esencial. No basta con la regulación, ni con la inversión pública o la inversión privada, ambas tienen que producirse. El modelo general que seguimos es complementar el esfuerzo inversor que realizan los operados con ayudas públicas.

Allí donde el sector privado no puede obtener los retornos de inversión necesarios para realizar las inversiones por sus propios medios, llegamos con los fondos públicos. Para el desarrollo de la sociedad digital es imprescindible que haya infraestructuras. Por eso hemos prestado mucha atención al despliegue de la red la fibra óptica y a la extensión del 5G.

Bajo el paraguas de la marca UNICO (universalización de las infraestructuras para la cohesión territorial), hemos diseñado varios programas con el objetivo de impulsar el despliegue de redes fijas y tecnología 5G en entornos rurales, dar ayudas a usuarios vulnerables y PYMEs, reforzar la conectividad en servicios públicos esenciales, etc.

El sector Telco está pasando por momentos complejos en nuestro país por el escenario de guerra de precios ¿Tiene iniciativas desde el punto de vista de la regulación del mercado?

El sector está en una profunda transformación de modelo negocio, que camina hacia una desintegración vertical, y de tecnologías. Es una de las palancas fundamentales para alcanzar la transformación digital por la que abogamos. La sociedad y la economía de hoy no se entiende sin el uso intensivo de las TIC.

En el ámbito legislativo, hemos impulsado reformas como la de la Ley General de Telecomunicaciones que actualiza el marco jurídico a la normativa europea e incorpora medidas para facilitar el despliegue de las redes e incentiva las inversiones en el sector.

El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de co-inversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) –tan necesarias para el 5G–, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

¿Cuáles son las iniciativas más relevantes que está tomando para reducir la brecha de género?

En primer lugar, me gustaría destacar que el Plan de Recuperación de España incorpora como uno de sus cuatro ejes vertebradores la igualdad de género. Fuimos pioneros en Europa. Es decir, además de la doble transición verde y digital, el plan incorpora medidas transversales para lograr ese objetivo que pasa por aumentar la tasa de empleo femenino, fomentar la igualdad de oportunidades y también reducir la brecha digital.

En la hoja de ruta que estamos siguiendo para impulsar la transformación digital y fomentar la inclusión social se contemplan acciones en esa dirección. En el Plan Nacional de Competencias Digitales, por ejemplo, se presta especial atención a las acciones destinadas a aumentar la ‘alfabetización digital’ en colectivos vulnerables, incluyendo las mujeres y las niñas. El objetivo es alcanzar el 80% de la población con competencias digitales básicas en 2025, siendo el 50% mujeres.

También estamos impulsando el emprendimiento femenino, mediante una línea de ayudas financiación de ENISA específicamente para mujeres. En España, el porcentaje de startups fundado por mujeres es de poco más del 15%.