Para tratar qué se están plateando las Comunidades Autónomas a medio-largo plazo en relación a la digitalización hemos de remitirnos al pasado más inmediato. El año 2020 debía haber sido un año de transición a efectos de planificación, habida cuenta que una parte importante de las Estrategias y Agendas Digitales de las diferentes CCAA tení­an como horizonte temporal hasta finales de 2020. Se esperaba disponer de tiempo para evaluar el resultado de los proyectos ejecutados durante estos últimos años y avanzar en la definición de nuevos programas con vistas al próximo Marco Comunitario de Fondos (2021-2027) y a los mecanismos de apoyo Europeos o Estatales.

Nada más lejos de la realidad.

La omnipresente crisis de la COVID-19 ha evidenciado la importancia de la conectividad para el teletrabajo, la educación, la sanidad y el entretenimiento digital, poniendo también en evidencia que para  promover el desarrollo de zonas rurales más desfavorecidas, y facilitar así los principios de cohesión territorial, es imprescindible contar con dicha conectividad.

La pandemia ha mostrado a las empresas, de forma cruel, que la transformación digital no sólo implica un cambio desde la unidireccionalidad a la bidireccionalidad en las relaciones entre proveedores y consumidores; o que era suficiente con la incorporación de la movilidad como herramienta para hacer y gestionar negocios; o que el uso del big data para el análisis y explotación de los datos iba a suponer en sí mismo una ventaja competitiva. Ha venido a proponer que este proceso implica mucho más. Afecta a todos los elementos que componen la cadena de valor y tiene que llevarnos a replantear cómo se producen y consumen productos y servicios así como el producto y el servicio en sí mismo. Y ello incluye también a los elementos necesarios para su producción: técnicos, humanos y organizativos.

Aquellas empresas que no han sido capaces, ante las limitaciones impuestas, de adaptar rápidamente alguno de estos elementos se han visto con la actividad mermada o clausurada

Las Administraciones Públicas han sufrido estos mismos hándicaps, así como otra serie de  restricciones derivadas del tipo de actividad que realiza y de sus propias dependencias funcionales. El aún persistente papel; la necesidad de que la ciudadanía tenga que desplazarse hasta ciertas dependencias para interactuar con los servicios administrativos; o la gestión basada en la presencialidad de los servidores públicos, son algunos de los elementos que siempre han estado entre las dificultades para la implantación efectiva y definitiva de la Administración Electrónica y que, en esta ocasión, se han convertido en una barrera inicialmente infranqueable para mantener ciertos servicios públicos ante las limitaciones de movilidad y accesibilidad.

Todos estos elementos han provocado que las CCAA hayan tenido que efectuar revisiones urgentes en sus objetivos en relación a la digitalización a corto plazo y la necesidad de redefinir algunos de los planes a futuro. Cambios que, siendo dramáticos por el elemento que los ha motivado (un virus) no tienen por qué ser absolutamente negativos desde un punto de vista de modernización de la Administración.

Conectividad, competencias digitales, teletrabajo, automatización, transformación digital de las empresas y ciberseguridad, son algunos de los factores que, si bien ya eran importantes, ahora se han vuelto imprescindibles y van a marcar las agendas de las Administraciones Públicas en los próximo años. También será indispensable definir planes de contingencia que contemplen escenarios cada vez más restrictivos y que obliguen a los gestores a considerar limitaciones puntuales de carácter técnico, humano u organizativo que hasta la fecha no se consideraban como probables.

En relación a la conectividad son muchas las CCAA que apuestan por reforzar el Programa Nacional de Extensión de Banda Ancha, ya sea participando de forma conjunta en las convocatorias estatales ya sea efectuando sus propios planes de actuación y buscando la promoción de las zonas rurales más desfavorecidas y facilitar así los principios de cohesión territorial, la competitividad de las empresas, el progreso social y la lucha contra el reto demográfico. En este sentido existe una importante expectación por ver el potencial que la tecnología 5G puede desplegar en mejorar la cobertura de banda ancha ultrarrápida en entornos rurales resultado de la adjudicación de la bandas de frecuencia liberadas tras el dividendo digital.

Las competencias digitales serán otro de los elementos clave en la nueva planificación. La CCAA apuestan por contribuir al desarrollo de competencias digitales, tanto básicas como avanzadas, aumentando la reserva de talento en sus territorios, reduciendo la brecha digital, y fomentando una mayor profesionalidad en áreas como el análisis de macrodatos, la ciberseguridad, blockchain, la robótica y la inteligencia artificial, entre otros. Para ello varias Comunidades están trabajando en la definición de un modelo completo que contemple el diagnóstico de conocimientos previos de cada persona, la definición de itinerarios formativos personalizados para avanzar en las capacidades digitales y el establecimiento de un sistema de certificación de las competencias adquiridas.

Se ha puesto en evidencia que es necesario dotar de herramientas y procedimientos que permitan la compatibilidad entre el trabajo presencial y no presencial por parte de la Administración para mantener la prestación de servicios esenciales en situaciones excepcionales

Volviendo al pasado año, una vez superados los primeros envites de la pandemia, se ha puesto en evidencia que es necesario dotar de herramientas y procedimientos que permitan la compatibilidad entre el trabajo presencial y no presencial por parte de la Administración para mantener la prestación de servicios esenciales en situaciones excepcionales. Se ha demostrado que existe una predisposición general por parte de los empleados públicos a colaborar y trabajar en este contexto, si bien se debe avanzar en reducir, sino eliminar, la gran dependencia del formato papel en la tramitación y mejorar la capacitación de parte de los usuarios en el uso de medios electrónicos y herramientas para el teletrabajo. Avanzar en estos elementos permitirá la puesta en marcha de un mecanismo de teletrabajo de forma masiva. Y todo ello con un reto adicional, conseguir que esta compatibilidad se traslade al mayor número de servicios posibles: incluida la educación, la sanidad y la asistencia social.

La automatización y el uso de la Inteligencia Artificial, tanto en procesamiento de lenguaje natural, en rutinas para ordenar, clasificar y controlar el importante volumen de trámites administrativos o en la implantación de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, son algunos de los elementos que han ganado peso en los últimos meses y sobre los cuales las CCAA apuestan por seguir avanzando. Los picos de carga que algunos Departamentos han sufrido (tramitación de ayudas sociolaborales, triaje de pacientes con síntomas COVID, seguimiento de movilidad en zonas y entre zonas geográficas, incremento de algunas tareas repetitivas que aportan poco valor a la organización) se han visto atenuados gracias a la implantación de estas tecnologías. De una forma práctica y efectiva hemos sido conscientes de su contribución y serán tendencia en los próximos años.

Por otra parte, en un contexto como el actual, caracterizado por una sociedad interconectada y una economía basada en el procesamiento y manejo de la información, la transformación digital de las compañías, entendida como la adaptación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, así como la instauración de una cultura de la innovación en la empresa que les permita mejorar su rendimiento, supone un reto que es necesario abordar para garantizar su incorporación a la Economía Digital. Cabe por lo tanto esperar una intensificación en los procesos de digitalización de las empresas así como la incorporación de sistemas automáticos para soportar determinadas actividades. Y las Administraciones, dentro de su labor de fomento de la actividad productiva, plantean intensificar los mecanismos de  apoyo para que pymes y autónomos. Instrumentos que animen este tipo de cambios. Sensibilizar al empresariado, capacitar a las personas trabajadoras y directivos e incentivar económicamente la adopción de soluciones son tres de los elementos comunes en gran parte de las iniciativas que se están perfilando.

Por último, y no menos importante, la ciberseguridad. Los Gobiernos deben ser responsables de generar la debida confianza hacia la ciudadanía respecto al uso de los medios tecnológicos en sus relaciones con la Administración Pública. Para conseguir esta confianza, estos medios deben ser seguros, garantizándose la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, de las comunicaciones y de los servicios telemáticos, y permitiendo tanto a la ciudadanía como a las Administraciones Públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. Para ello existen amplias propuestas de actuación que promueven la acumulación y la adquisición de equipos, herramientas e infraestructuras de datos de ciberseguridad con el fin de alcanzar un elevado nivel común de protección.

Todos estos puntos fueron tratados en la mesa de CCAA el pasado mes de noviembre durante el XXVIII Congreso AUTELSI. Hoy, mientras se estaba elaborando este artículo, ha sido anunciada una inversión de 11.000 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes y Administración Pública y reforzar las competencias digitales. Si Estado y Comunidades Autónomas coincidimos en el diagnóstico y en las necesidades, ¿será que vamos en el buen camino?

Manuel Ortigosa Brun, Junta de Andalucía y presidente del Grupo de CC.AA. de AUTELSI