Las Comunidades Autónomas comenzamos la vuelta a la normalidad, tras el periodo estival, con una agenda cargada de actividad. Si bien los meses de julio y agosto suelen ser épocas de desaceleración en la producción administrativa y legislativa, este año la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha seguido marcando el elevado ritmo que ya veníamos desarrollando durante el primer semestre.

De esta forma han sido múltiples los gobiernos autonómicos los que durante los meses de verano han venido avanzando en contratos y convocatorias de ayudas relativas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia; a las actuaciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos; al programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables; o a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. En este punto es importante recordar que, si bien los plazos que se disponen para la finalización de estas actuaciones es, con carácter general, el 31 de diciembre de 2023, existen diversos hitos de control a cumplir antes del término de este año 2022. No hay tiempo que perder y es de esperar que la actividad en los próximos meses continúe siendo frenética si queremos alcanzar con éxito las metas definidas.

Pero no sólo hemos de ocuparnos de los compromisos recogidos por Decreto, también debemos de ser capaces de aprovechar al máximo las oportunidades que para la ciudadanía y las empresas suponen otras iniciativas en el ámbito de la digitalización. A modo de ejemplo, se esperan dos convocatorias del Programa Kit digital, que ha visto modificadas sus bases reguladoras durante el mes de julio, y que son clave para mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, mediante la adopción de soluciones de digitalización: unas ayudas respecto a las cuáles debiéramos llevar a cabo una necesaria labor de sensibilización, comunicación y soporte.

El verano también nos ha dejado la modificación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, unas bases adecuadas para incentivar el despliegue de redes de velocidad ultrarrápida que nos ayuden a facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad. Sin embargo, en relación al despliegue y explotación de redes y, de forma mucho más amplia sobre el sector y el mercado digital, lo que realmente va a tener relevancia será la recién estrenada Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Son muchos los elementos que se podrían desatacar de esta Ley, especialmente los que aplican directamente al ámbito municipal y regional, y cuyo efecto habrá que ir analizando de forma inmediata y nos corresponderá a las Comunidades Autónomas ver su aplicabilidad. De una parte la Ley refuerza el papel de la actuación pública para favorecer el establecimiento de las nuevas redes, una palanca de vertebración territorial que puede ayudar a la fijación de la población en el territorio combatiendo la despoblación rural. De otra parte prevé la posibilidad de que de que las Administraciones públicas puedan proporcionar el suministro de acceso a Redes de Área Local Radioeléctricas (RLAN) favoreciendo la instalación y explotación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Es decir, se han flexibilizado los requisitos para la ejecución de proyectos de implantación de lo que comúnmente conocemos como “redes WiFi públicas” permitiendo la prestación del acceso a la Red de forma accesoria respecto de los servicios públicos suministrados en los locales ocupados por las Administraciones públicas o en espacios públicos cercanos a estos locales. Pero, sobre todo, parte del nuevo articulado de la Ley está destinado a mejorar, de forma sustancial, los plazos administrativos para el despliegue de las redes y la eliminación de ciertas barreras de entrada; así como simplificar y agilizar aún más el régimen de concesiones, autorizaciones o licencias para el despliegue y realización de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica en las redes: elementos todos estos con implicaciones en la regulación autonómica y local. Será interesante ver cómo logramos hacer compatible las diferentes normativas sectoriales manteniendo el ámbito competencial entre cada una de ellas.

Continuando con los anuncios estivales, a principios del mes de julio el Consejo de Ministros aprobó la actualización de la Agenda España Digital. En esta revisión, que ha venido a denominarse España Digital 2026, se han incorporado dos nueves ejes trasversales: el relativo a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE); y las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech), una iniciativa con la que se pondrán en marcha proyectos estratégicos regionales orientados a la transformación y especialización digital.

Retech pretende fomentar el liderazgo y la cooperación interregional en el impulso de proyectos tractores de alto impacto territorial y económico. El 3 de agosto fue lanzada la invitación a las Comunidades Autónomas para que presenten sus proyectos estratégicos de digitalización. Hasta el 14 de octubre se podrán presentar proyectos colaborativos en las diferentes áreas temáticas: Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras aplicadas a las industrias, Gemelos Digitales, GreenTech, Ciberseguridad, Emprendimiento Digital, Tecnología con impacto social, RuralTech, FashionTech y Salud Digital. A través de Retech se prevé movilizar 530 millones de euros, con aportación de fondos procedentes del Estado y de las Autonomías.

Como se puede apreciar son muchos y diversos los retos a los que nos enfrentamos las Comunidades Autónomas para este segundo tramo del año. La coordinación, interrelación y cooperación entre los diferentes órganos gestores va a resultar imprescindible para poder llevar a buen término los trámites a realizar y afrontar las actuaciones comunes y conjuntas que hemos de desarrollar. Como siempre, el Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas de AUTELSI estará disponible para facilitar y apoyar en este proceso.

Manuel Ortigosa Brun
Consejero Técnico de la Dirección General de Economía Digital e Innovación – Junta de Andalucía
Presidente del Grupo de CCAA de AUTELSI