Si realmente deseamos conseguir la transformación digital de las administraciones públicas, es preciso contar con un perfil directivo TIC (técnico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) que conozca la organización y las posibilidades que nos brindan las tecnologías para incorporarlas adecuadamente en los procesos de negocio.

El Director/a de tecnologías (CIO) debe discernir qué tecnologías serán eficaces en su organización y descartar las que no aporten un valor diferencial. Tendrá un papel clave en la gestión del talento, liderando el cambio cultural que posibilite la transformación digital.

Algunos departamentos ya se han dado cuenta de la necesidad de contar con esta imprescindible figura y han nombrado Directores Generales TIC (Justicia, Sanidad), otros han creado la Dirección General pero han elegido un perfil no tecnológico ajeno al ámbito de las administraciones públicas que difícilmente comprenderá sus necesidades, fortalezas y debilidades.

Si desviamos la mirada al mundo empresarial, podemos observar cómo el perfil directivo TIC se ha convertido en un agente del cambio, aportando un valor incalculable al incorporar tecnologías que favorecen la innovación en productos y servicios; la transformación digital repercute directamente en la cuenta de resultados.

El papel del CIO ha cambiado con la digitalización, pasando de ser un gestor de operaciones vinculadas a la operativa diaria a asumir un rol estratégico. Está presente en los órganos de máxima decisión de la empresa, dado que la tecnología es un elemento determinante para el crecimiento e incluso supervivencia de la misma.

Es por este motivo por el que la administración debería plantearse el papel que los técnicos TIC están llamados a desempeñar en estos momentos clave para España. No sólo como impulsores de la digitalización sino también como garantes de los derechos ciudadanos, siendo especialmente relevante el ámbito de la privacidad y la ética y transparencia en el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial.

La pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto la intensa dependencia de nuestra economía respecto de las TIC, y por supuesto, de nuestras administraciones públicas, que deben acelerar su transformación digital al objeto de ser capaces de atender adecuadamente las necesidades de la sociedad.

Los servidores públicos profesionales son su activo más valioso, cuentan con gran experiencia, han demostrado su mérito y capacidad y son ajenos a conflictos de intereses. Conocemos sus logros a lo largo del tiempo, España ha alcanzado posiciones de liderazgo notables (segundo puesto en prestación de servicios digitales y datos abiertos a nivel europeo, séptima posición en el índice Gobierno Digital de la OECD, …)

España cuenta ahora con una oportunidad única que no debería desaprovechar, los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos que se recibirán en los próximos 6 años y que permitirán acometer los planes diseñados por el gobierno siguiendo la agenda España digital 2025 (Pymes, Administraciones Públicas, Capacitación digital, Impulso de la conectividad, 5G y desarrollo de la Inteligencia Artificial).

La Administración Pública debe aprovechar estos fondos y seguir avanzando, es vital comprender las necesidades del ciudadano y mejorar su experiencia digital al interactuar con la Administración (modelo ciudadano 360º), es necesario contar con la cohabitación entre personas y tecnologías de inteligencia artificial ante los enormes retos que se ciernen sobre la sociedad, y por supuesto, mantener la colaboración entre las organizaciones públicas y las empresas, lo que nos permitirá aplicar el potencial de las tecnologías de la información y acortar los ciclos de innovación.

Autelsi juega un papel relevante potenciando la colaboración público-privada, posibilitando la compartición de conocimientos y experiencias entre administraciones y empresas.

Carmen Cabanillas Serrano, Presidenta de ASTIC y Miembro del Grupo de Regulación de Autelsi.