El análisis de datos en los procesos administrativos proporciona evidencias que permitirán mejorar sustancialmente la toma de decisiones en políticas públicas. Los nuevos modelos de gobernanza pública, basados en la cocreación y participación de la sociedad civil, permiten adoptar decisiones más centradas en la ciudadanía ofreciendo solución a las necesidades cada vez más complejas, derivadas de las características de nuestra sociedad actual: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.

Los Datos juegan un papel esencial en el desarrollo de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, que nos proporcionan información esencial, y que pueden suponen el factor diferencial para permitir crear una sociedad más justa e inclusiva, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

No obstante, el uso de los datos no puede ser indiscriminado. Las administraciones públicas deben garantizar todos los derechos y ponderar, en su caso, cada situación, para determinar si el acceso a los datos, su compartición o cesión, no vulnera otros derechos igualmente tutelados, como el derecho a la protección de datos, propiedad intelectual, o secretos comerciales, entre otros.

Actualmente son tres los modelos que imperan en el mundo con relación a la propiedad de los datos: el modelo americano en el que los datos pertenecen a las empresas; el modelo chino, basado en la propiedad estatal de los datos; y nuestro modelo europeo, que dota a la ciudadanía de la propiedad sobre los datos, y cuyo máximo objetivo es el respeto a los derechos fundamentales.

El planteamiento en Europa es claro, garantizar la capacidad de las personas y las empresas para ejercer el control sobre los datos que generan y tratan, dotándoles de poder de decisión sobre los mismos. El Reglamento europeo de gobernanza de datos, la futura ley europea de datos o el futuro Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (IA), nos permitirán regular y ofrecer protección legal con enfoques basados en el riesgo y no de forma absoluta y predeterminada, lo que podría conllevar nuestro retraso en la adopción de estas tecnologías que serán clave para proporcionar servicios más personalizados y eficaces, en sectores tan diversos como la medicina, la educación, la justicia, la agricultura, las ciudades inteligentes o la seguridad ciudadana.

Disponemos ya de instrumentos muy poderosos en la Administración Pública: como la Plataforma de Intermediación de Datos (capaz de intermediar más de 1.425 servicios, intercambiando más de 100 millones transmisiones de datos, lo que supone ganar agilidad y un ahorro económico de casi 500 millones de euros); espacios semánticos sectoriales;  significativos portales de datos abiertos, tanto a nivel estatal, autonómico y local, que mejoran la rendición de cuentas; y creando Espacios de datos como la Plataforma del Dato de la AGE.

La crisis de la pandemia nos sirvió para mostrar nuestra capacidad de resiliencia gracias a la digitalización, es necesario avanzar extrayendo conocimiento de los datos y ponerla a disposición de todos los actores para mejorar nuestra sociedad.

Carmen Cabanillas Serrano, Presidenta de ASTIC y Miembro del Grupo de Regulación de AUTELSI.