Durante los últimos meses se han sucedido las iniciativas legislativas que mejoran las condiciones del trabajo en nuestro país. Unas medidas que generan controversia, aplaudidas por unos y miradas con preocupación por otros. El hecho de que se optimice la distribución de la riqueza y que aumente la capacidad de compra y de consumo de nuevos sectores de población es en sí mismo positivo, y también puede ser un incentivo a la aceleración económica. Sin embargo, todo el entramado competitivo de nuestro país depende de nuevo de la productividad.

El BBVA señalaba que la productividad de la economía española había caído un 10,5% desde 1995. Cifra que contrasta frente al crecimiento del 4,5% que registra la UE, o con los índices que presentan otras zonas del mundo con las que también competimos y que se van por encima del 10%. Eurostat, el organismo estadístico europeo, confirmaba hace unas semanas que la productividad en España encadena 14 trimestres en negativo. Datos muy preocupantes sin duda.

Aunque las previsiones de crecimiento económico de España son de las más altas de la Unión Europea, la realidad es que nuestra caída debido a la pandemia del COVID fue también la más intensa. Con los actuales ritmos de crecimiento, no recuperaremos el nivel de riqueza que existía en 2019 hasta, como pronto, 2024. Por tanto, un incremento de los costes laborales puede ser un desincentivador para la creación de empleo. Solo si estas medidas van acompañadas de una subida de la productividad podremos garantizar su sostenibilidad en el tiempo y así afirmar que los efectos son positivos.

Cuando profundizamos un poco en la evolución de la productividad de nuestro país, los datos no son halagüeños. Todos los análisis muestran ratios preocupantes y problemas estructurales que se mantienen y que lastran nuestra capacidad. Escaso nivel de innovación por parte de las empresas, deficiente formación de los trabajadores y mediocre digitalización de nuestro tejido empresarial.

De la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se están ejecutando reformas y proyectos con importantes dotaciones económicas llamadas a incentivar la innovación y mejorar esa formación que no debemos olvidar, ya que es una responsabilidad compartida de empresas y trabajadores. Estos deben realizar un esfuerzo extra para garantizar su empleabilidad y adaptación a la nueva realidad. Los procesos de transformación digital, que contarán con un volumen de fondos nunca visto, afectarán a todos los sectores, ya sea turismo, automoción, textil…Los 3.000 millones que se destinarán al programa Kit Digital supondrán también una buena inyección y una oportunidad para las pymes.

Se trata de una apuesta importante que solo será suficiente si existe una concienciación de todos los actores implicados: administración, empresas y trabajadores. La necesidad de dar la vuelta a la tendencia de la productividad en nuestro país es imperante. Por eso afrontar este reto es esencial para garantizar unos altos niveles de bienestar para nuestros ciudadanos en el futuro.

Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, presidente Grupo Internacional de Autelsi.